Piratas informáticos atacan la web del Ministerio del Interior británico

La web del Ministerio del Interior británico ha permanecido varias hora inactiva por un presunto ataque informático perpetrado por los activistas del grupo Anonymous en respuesta a la última iniciativa de vigilancia digital del Gobierno británico.

La web (homeoffice.gov.uk) no pudo cargar durante gran parte de la pasada noche mientras varios mensajes en el microblog Twitter procedentes de miembros de Anonymous declaraban su intención de proseguir este ataque con posteriores asaltos informáticos que tendrán los próximos sábados.

"Estamos al tanto de las protestas on line", declaró una portavoz del Ministerio del Interior, sin dar más detalles.

Recientemente se han propuesto medidas para aumentar la vigilancia digital en Reino Unido, por las que el Gobierno podría acceder fácilmente a la información de los usuarios de Internet a través de datos brindados por el proveedor de servicios.

Megaupload volverá a estar online

El servicio de Megaupload podría volver a la red, esto llegará a suceder si los datos del sitio se transfieren, ya que la información corre peligro de ser eliminada por no cubrir los costes del almacenamiento diario.

Buenas noticias surgen para el sitio de Megaupload, ya que podrían llegar a un acuerdo para que los usuarios puedan recuperar sus datos y que este servicio regrese a la red.

La Motion Picture Association of America ha explicado que si los datos del sitio de Megaupload son transferidos, este podría volver a estar online. Esto sucedió por un llamado de auxilio del servidor en donde se almacenaba la información de este sitio.

El sitio host Carpathia declaró que se necesita hacer algo rápido ya que no se pagan los $9,000 dólares que cuesta el hosting diariamente. Si no se hacen los pagos, un total de 25 petabytes de contenido en este servidor podrían entrar en una especie de limbo si no lo pagan, según el reporte de techradar.

La MPAA está preocupada porque cree que sino se hace algo rápido, los documentos podrían volver a Megaupload, después de que un usuario puso una demanda ante la administración judicial, solicitando que sus documentos fueran devueltos.

Lo que busca esta asociación es llegar a una solución rápida, antes de que el material que ha infringido derechos de copyright sea puesto online nuevamente. Pero el problema con Megaupload y la MPAA no termina aquí.

Esta asociación tiene como objetivo que otros sitios web desaparezcan, los cuales incluye Fileserve, MediaFire, Wupload, Putlocker y Depositfiles, todos sitios de almacenamiento en done también se puede compartir información. Esperemos nuevos reportes para seguir a detalle el desarrollo de esta historia de Megaupload.

Fuente: http://www.geekets.com/

Kim Dotcom asegura que Hollywood intentó negociar con Megaupload

El caso en contra de Megaupload se va convirtiendo en algo cada vez más y más polémico, y es que el día de hoy en nuevas declaraciones, Kim Dotcom (quien fue fundador de este ahora extinto servicio) aseguró que la industria del cine en Hollywood intentó negociar con el y su empresa.

Dotcom, cuyo nombre real es Kim Schmitz, anunció ante un diario de Nueva Zelanda que su equipo de abogados está en posesión de una gran cantidad de correos electrónicos que le enviaron los más grandes estudios de Hollywood, los mismos que lo está demandando, donde proponían a Megaupload algunos contratos y acuerdos, tales como 20th Century Fox quería un espacio publicitario y transmitir tráilers a través de la plataforma, o queWarner Bros quería subir todo su contenido a Megaupload y ofrecerlo con un precio, además de otros como Disney o Turner.

Quizás lo más sorprendente es que la Motion Picture Association of America (MPAA) el principal demandante contra Dotcom, contaba con más de 15 mil archivos almacenados en la plataforma y más de 1.000 usuarios, por lo que Kim asegura que está considerando "filtrar" todos estos correos y nombres de usuarios a través de archivos Torrents.

Cultura recibe 27 solicitudes de cierre de páginas web en una semana

La Comisión de Propiedad Intelectual ha recibido por vía electrónica un total de 27 solicitudes de cierre contra distintas páginas web en la primera semana de vigencia del reglamento de la llamada ley Sinde, han confirmado fuentes ministeriales.

Estas demandas se suman a las 200 presentadas el pasado uno de marzo contra otras tantas páginas, y depositadas en el Registro de la Secretaría de Estado de Cultura a modo de protesta, el primer día defuncionamiento de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, puesta en marcha en virtud del reglamento de la citada ley.

La sección segunda de esta comisión es la encargada de recibir las denuncias de los autores ante posibles violaciones de los derechos de la propiedad intelectual en Internet, y puede llegar a interrumpir por un año las webs que vulneren estos derechos.

Esas 200 denuncias del primer día tuvieron un valor simbólico y las presentó el músico Eme Navarro, socio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), para denunciar que "no se pueden poner puertas al campo".

Por lo que respecta a las 27 denuncias restantes, han sido presentadas por organizaciones como Promusicae (asociación de productores de música en España) y Cedro (el Centro Español de Derechos Reprográficos) -tal como ya habían anunciado anteriormente-, pero se desconoce el nombre de esas webs supuestamente vulneradoras de derechos de propiedad intelectual.

Hotfile puede ser cerrado igual que Megaupload

La Asociación Cinematográfica estadounidense (MPAA) ha presentado una demanda contra Hotfile exigiendo su cierre por supuesta infracción de derechos de autor en miles de millones de descargas ilegales.

Hotfile es el siguiente servicio de alojamiento de archivos en el punto de mira de la poderosa industria cinematográfica y musical estadounidense, capaz de impulsar una operación internacional de tal magnitud como la que llevó al cierre de Megaupload.

Los cargos contra Hotfile son idénticos: albergar material protegido por copyright en un 90 por ciento del total de almacenamiento del servicio de alojamiento, e impulsar la piratería (lucrándose con ello) al haber servido hasta ahora mil millones de descargas ilegales de música, películas u ebooks.

El objetivo de la demanda presentada en Florida también es el mismo que la de Megaupload: conseguir la imposición de medidas cautelares sin juicio previo que logren cerrar Hotfile y lanzar un aviso de gran poder mediático a otros servicios y usuarios.

Veremos el desenlace. En principio y según indica la BBC, Hotfile ya ha movido ficha, ha cambiado el sistema de pago por cuentas premium, ha limitado la velocidad, facilitará la identificación de los infractores reincidentes, borrará ciertas cuentas de usuarios y añadirá una ‘huella digital’ para intentar bloquear los archivos protegidos.

Medidas similares a las realizadas por otros grandes servicios de alojamiento como Rapidshare, Filesonic, Fileserve o Uploader.to que en la práctica han terminado con su funcionamiento anterior.

El problema para la industria de esta estrategia exclusivamente policial/judicial es que lejos de acabar con la piratería está impulsando nuevamente el uso de redes de intercambio P2P u otros servicios de alojamiento de nueva creación. Si no se ofrecen alternativas comerciales asequibles y accesibles con Internet como protagonista, será difícil ponerle ‘puertas al campo’.

Condena de un año de cárcel y 2.550 euros de multa por piratear videojuegos

Madrid, 9 mar (EFE).

- El Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha condenado a un año de cárcel y a una multa de 2.550 euros a los propietarios de una tienda que ofrecía la venta e instalación de chips para eludir los códigos de protección antipiratería de las consolas PlayStation One, PlayStation 2 y Xbox.

Los acusados Fernando L.P. y Javier R.del H., socios y propietarios de la tienda "Game Service", ofrecían en este establecimiento un servicio de "crackeo" de consolas a través del sistema de chip -que permite convertir estos dispositivos en reproductores multimedia-, y copias pirateadas de videojuegos, según indica la sentencia, dada a conocer el 3 de febrero de 2012.

En el momento de la operación policial, en mayo de 2004, se requisaron 1.287 copias grabadas de videojuegos, 38 chips y un PC con ocho bocas grabadoras.

La denuncia la puso la Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese), que indicó que varias de las compañías a las que correspondían los legítimos derechos de explotación de los videojuegos intervenidos son socias de esta patronal, por lo que reclamó una indemnización de 31.375 euros por los perjuicios ocasionados.

La sentencia indica que la indemnización deberá calcularse en función de los títulos incautados que eran objeto de explotación por las compañías actualmente adheridas a Adese, y del beneficio dejado de percibir por las mismas, y los acusados deberán hacerse cargo además de los costes procesales, incluidos los de la acusación particular.

Durante las dos sesiones del juicio oral desarrolladas en enero, los acusados reconocieron abiertamente que vendían los chips en su tienda y los ofertaban a través de la página de Internet "gamesservice.galeon.com".

La sentencia apela al artículo 270 3ª del Código Penal para definir a los chips como un "medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras (...)".

Una tercera acusada ha resultado absuelta al no resultar probado que haya cometido un delito contra la propiedad intelectual.

Los condenados no irán a la cárcel por no tener antecedentes penales y podrán recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El 1 de marzo comenzará a aplicarse plenamente la Ley Sinde

La Sección 2ª de la comisión de Propiedad Intelectual la preside el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, o persona en la que delegue y estará compuesta por vocales nombrados por los ministerios de Educación Cultura y Deporte, Industria, Economía y Presidencia. La Comisión ya ha sido nombrada. Fuentes del ministerio que dirige José Ignacio Wert han señalado que la comisión no es un órgano censor ni un observatorio de internet porque nunca podrá actuar de oficio. Las mismas fuentes insisten en que en estos procedimientos nunca estarán afectados los usuarios finales de internet, ni las páginas que usan contenidos autorizados o amparados por los límites de los derechos que impone la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ni los contenidos amparados por la libertad de información y expresión.

La Comisión en ningún caso impondrá sanciones ni multas a los vulneradores de la ley ni emprenderá acciones civiles o penales contra los infractores. El final de los procedimientos, con la intervención del juez, termina en la interrupción del servicio de la página (si está en el extranjero no podrá consultarse en España) o en la retirada de los contenidos que vulneren la LPI. Las resoluciones tendrán una vigencia de un año. Si en ese periodo de tiempo el infractor reincide el procedimiento se agilizará todavía más ante una nueva solicitud. Los plazos estimados para el cierre de las páginas pueden oscilar entre un mínimo de 20 días y un máximo de tres meses. Los trámites de solicitud, notificación o petición de pruebas se podrán hacer de forma telemática para agilizar el proceso. Las resoluciones pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo.

Las fuentes del Ministerio de Educación y Cultura consultadas por la Cadena SER indican que las sentencias judiciales recientes que exculpaban a las páginas de enlaces no influirán en la aplicación de la nueva ley y podrán ser también objeto de cierre sin posibilidad de exoneración. Los procedimientos se llevarán adelante si las páginas vulneran la propiedad intelectual con ánimo de lucro o cuando el solicitante (titulares de derechos de autor o sus representantes) acredite que se está causando daño.